JUNTA DE PORTAVOCES.
JUNTA DE PORTAVOCES.

La Junta de Portavoces del Congreso expresó, a través de un comunicado, su “preocupación” por la expedición del Decreto Supremo Nº 015-2021-JUS, publicado ayer en el diario oficial El Peruano y firmado por el titular del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

Dicho decreto modifica el reglamento del Código de Ejecución Penal e implica el eventual cierre del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, con lo que todos los internos de ahí serían trasladados a penales comunes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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Así, luego del traslado del condenado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos de la Base Naval a la cárcel de Ancón II y al inminente cambio de centro penitenciario de los terroristas Abimael Guzmán, Florindo Flores Hala, Óscar Ramírez Durand, Víctor Polay Campos y Miguel Rincón Rincón, la Junta de Portavoces recordó que el traslado de los terroristas es una exigencia del Movadef.

“Lo exigen desde el año 2000 los remanentes de Sendero Luminoso y posteriormente el Movadef, brazo político del senderismo”, indica el documento.

En tal sentido, la Junta de Portavoces saludó la decisión de la Comisión de Justicia del Parlamento de citar al ministro Torres, para que brinde explicaciones.

“En nombre de las miles de víctimas del terrorismo en nuestro país, rechazamos cualquier acto que responda a las inaceptables exigencias de quienes con sus hechos demenciales desangraron a nuestro país y asesinaron a miles de nuestros compatriotas”, finaliza el comunicado.

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