Defensoría solicita a la Fiscalía reexaminar su decisión de suspender investigación preliminar contra Pedro Castillo

Defensoría del Pueblo
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La Defensoría del Pueblo (DP) exhortó al Ministerio Público a reexaminar su decisión de abrir y, posteriormente, suspender la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de tráfico de influencias, colusión, entre otros, en marco de los casos Petroperú, Provías Descentralizado y ascensos militares.

En la víspera, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una indagación preliminar contra Castillo por las visitas que recibió en Palacio de Gobierno de la lobista Karelim López -que además asistió a la famosa casa de Breña- y del empresario Samir Abudayeh, quienes consiguieron que empresas vinculadas a estos ganen millonarios contratos después de estos encuentros; así como por la difusión de una conversación por WhatsApp entre el mandatario y José Vizcarra, excomandante general del Ejército.

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A consideración de la Defensoría, la decisión de suspender el inicio de los actos de indagación hasta que culmine el mandato presidencial de Pedro Castillo es “contradictoria”.

Por intermedio de un comunicado, la institución liderada por Walter Gutiérrez pidió a la Fiscalía “reexaminar su decisión integrando todas las normas y principios constitucionales”, a la vez que consideró que le corresponde al procurador general del Estado, Daniel Soria, demandar “la reconsideración con la finalidad de que la investigación preliminar no sea suspendida”.

La entidad resaltó, asimismo, que, si bien el artículo 117 de la Constitución establece que el gobernante no puede ser acusado, salvo en determinados supuestos, “esta disposición no debe ser interpretada de manera literal ni aislada de otros mandatos constitucionales de obligatorio cumplimiento, que identifican a nuestro Estado de derecho como los principios de lucha contra la corrupción, de transparencia y de legalidad”.

“En este sentido, aun cuando no sea posible una eventual acusación contra el mandatario en funciones, nada impide el desarrollo de una investigación que permita esclarecer la verdad y determinar la eventual responsabilidad penal del funcionario”, destacó la Defensoría del Pueblo.

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