La Defensoría del Pueblo lanzó un comunicado en el que instó al presidente Pedro Castillo a observar el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República donde le dan la facultad a los padres de familia de monitorear los contenidos educativos.
En ese sentido, rechazaron la aprobación de la propuesta poque no está alineada con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; la Política Nacional de Igualdad de Género; el Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los nuevos Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI).
“Solicitamos al presidente de la República que observe la propuesta normativa recientemente aprobada y solicite su archivamiento, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 108 de la Constitución y principalmente, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en estricto respeto del principio del interés superior de la niñez y adolescencia”, sostuvo.
Además, indica que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores, “constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues institucionalizaría un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas, y particularmente, de las y los estudiantes“.
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